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S. G., Valencia
El informe
especial del Síndic de Greuges de la Comunidad
Valenciana sobre la contaminación acústica relacionada
con las zonas de ocio y con el fenómeno del «botellón»
lamenta que las administraciones no valoren la gravedad
del problema y actúen con pasividad, tolerancia e
incluso dejación de funciones. Bernardo del Rosal insta
a los municipios a que «extremen el celo» en el
cumplimiento de las medidas.
Ya el Defensor del
Pueblo había elaborado un informe similar en 1999, hace
cinco años, alarmado ante el elevado volumen de quejas
al respecto, en el que también recordaba que la
obligación de hacer cumplir la norma y garantizar el
descanso a los vecinos recae en los ayuntamientos. Por
eso, los vecinos federados estudian denunciar al de
Valencia por cada local que no cumpla.
Existe
jurisprudencia que les anima. En 1998 llegó por primera
vez al Tribunal Constitucional el recurso de una vecina
de la zona ZAS de Valencia -aseguraba que no se cumplían
las medidas- por vulneración de derechos. El amparo fue
rechazado por falta de pruebas, pero la sentencia
admitía los perjuicios que el ruido puede causar a la
salud y las responsabilidades que se derivan de ello
para la administración. El Tribunal Supremo ha dictado
condenas contra los ayuntamientos de Sevilla, de Murcia,
Talavera de la Reina o de Boiro por pasividad e inclusó
revocó un fallo del TSJ de Valencia ordenando el cierre
de un taller de cerrajería.
Otros tribunales han
condenado a la administración por responsabilidad
patrimonial, lo que supone pago de indemnizaciones, en
Vélez Málaga, Granada, Cartagena o Sevilla por
«botellón».
En Valencia marcó un hito la
sentencia que dio la razón al abogado Andrés Morey -hoy
especializado en recursos de contaminación acústica- que
fue indemnizado por tener que instalar dobles cristales
en su casa y por perjuicios morales. Poco después se
declaraba ZAS su barrio, San José. Cada vez son más los
afectados que optan por la vía penal (delito medio
ambiental).
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