Esta semana ha entrado en vigor la directiva de la UE de 2002 para el control del ruido en las ciudades de más de 100.000 habitantes, que obliga a los Estados miembros a suministrar datos sobre los niveles de ruido antes de junio de 2007.

Aunque España no ha sido un alumno aventajado, el pasado noviembre aprobó la trasposición de la directiva europea con la Ley del ruido. Sin embargo, los dos reglamentos que deben desarrollarla tardarán en ver la luz. En estos momentos ni siquiera existe un primer borrador y según fuentes del grupo de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente no estarán listos antes de octubre lo que hace imposible que haya reglamentos antes de final de año.

Asociaciones nacionales como Juristas contra el ruido o la Plataforma estatal contra el ruido (Peacram) alertan sobre la urgencia de desarrollar esta norma para conseguir una 'coherencia nacional y una aplicación real y efectiva'. De 'diarrea legislativa' califica Joaquín Herrera, Vicepresidente de Juristas contra el ruido, el 'derroche de regulación local sin un criterio homogéneo a nivel nacional'. La Ley del ruido viene a cubrir el lugar de una norma básica que 'establezca límites acústicos que ninguna ciudad española pueda superar', explica Plácido Perera, jefe del departamento de control acústico del Ayuntamiento de Madrid.

Uno de los requerimientos de la directiva y, por ende de la norma española, es la realización de mapas del ruido por parte de los ayuntamientos que sirvan para realizar un plan de acción y localizar las zonas más sensibles. Madrid fue en 1969 pionera en España en hacer este plano sonoro de la ciudad, que, según se asegura desde el ayuntamiento, ha servido para reducir la contaminación acústica del tráfico, principal problema en las ciudades españolas, junto al ruido del ocio. En la actualidad, la mayoría de las grandes ciudades españolas están elaborando sus mapas de ruidos como estable la ley.

Juristas contra el ruido critica 'la excesiva tecnificación de las legislaciones y la falta de atención a los vecinos que tienen que acudir, en la mayoría de casos a la vía judicial' para encontrar una solución al ruido. Para Peacram el ocio sigue siendo la fuente más preocupante y la asignatura pendiente de la legislación.

El año 2004 está siendo especialmente significativo para la lucha contra la contaminación acústica. Además de la entrada en vigor de la directiva, el Tribunal Constitucional consideró en un fallo de marzo pasado que 'el ruido atenta contra los derechos fundamentales de las personas'. Las asociaciones de lucha contra el ruido consideraron la resolución como una victoria simbólica.

Un mes más tarde, Zaragoza se convirtió en la sede del I Congreso nacional contra el ruido donde médicos, técnicos, asociaciones vecinales y juristas, entre otros se reunieron para llegar a conclusiones como demandar 'más concienciación de los ciudadanos y la clase política' o una mayor calidad en la edificación, ya que la 'norma básica de edificación se ha probado insuficiente'.

La otra cara de la moneda son los hosteleros. En Madrid, la Asociación Empresarial de Hostelería de la Comunidad de Madrid, La Viña, ha anunciado hace unas semanas un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid por la aprobación de la nueva Ordenanza del Ruido del 31 de mayo. Los hosteleros aseguran sentir sus actividad económica amenazada.

Malestar, estrés, trastornos del sueño, daños al oído, trastornos psíquicos o incluso aumentos de hasta el 20% o el 30% en el riesgo de ataques al corazón en personas sometidas a más de 65 decibelios en periodo diurno. Estas son, según la OMS, algunas de las consecuencias que puede ocasionar una exposición prolongada a más decibelios de los recomendados. Tanto la OMS como la mayoría de ordenanzas municipales españolas ponen como límite los 30 decibelios en horario nocturno. Durante el día se suele experimentar malestar moderado a partir de los 50 decibelios, el nivel de una conversación a media voz, y fuerte a partir de los 55. Por la noche y en estado de vigilia, estas cifras disminuyen en 5 ó 10 decibelios. Los grupos de mayor riesgo son los niños, los ancianos, los enfermos, las personas con dificultades auditivas y los fetos.

La contaminación acústica no es sólo perjudicial para la salud de las personas sino para la económica. A principios de 2001 las pérdidas económicas anuales debidas al ruido ambiental se situaban 'entre los 13.000 y los 38.000 millones de euros', según la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión de la UE. A esas cifras contribuyen, por ejemplo, la reducción del precio de la vivienda, los costes sanitarios, y los de los días de absentismo laboral.