La administración
suele contestar a las quejas «aduciendo que la carretera (o
aeropuerto) fue construida antes que las edificaciones», pero
el Defensor del Pueblo no acepta como suficientes estas
razones, según un informe sobre 'Contaminación acústica',
remitido al Congreso de los Diputados y al que ha tenido
acceso Europa Press. «Esta Institución encuentra que las
quejas recibidas sobre ruido viario casi siempre están
fundadas y son legítimas», añade el informe.
El Defensor del Pueblo advierte de que los ayuntamientos y
comunidades autónomas «nunca han podido rectificar la
planificación viaria del Estado, les ha sido impuesta por el
planeamiento de carreteras del Ministerio de Obras Públicas o
de Fomento», mientras que la planificación urbanística
corresponde a los ayuntamientos.
El ruido es contaminación y por tanto se aplica el
principio de 'quien contamina, paga' y el titular de la
infraestructura contaminante ha de hacer frente al coste que
le corresponde por evitar la contaminación. Este coste
anticontaminación «no cubre propiamente la administración de
infraestructuras, sino que es sufragado por los ciudadano
contribuyentes con sus impuestos, eventualmente por los
usuarios de los puertos, aeropuertos, carreteras y
ferrocarriles si en las tarifas se repercute adecuadamente ese
coste».
Los mapas de afecciones acústicas según la exposición al
ruido que se sufre en cada zona deberían estar listos «mucho
antes de las fecha tope de 30 de junio de 2007 y 2012», según
el Defensor del Pueblo. Además, recomienda que se ponga a
disposición de la población la información sobre el ruido
ambiental del entorno de las bases aéreas.
También recomienda preparar un Plan de implantación de
afecciones por ruido con plazos, estudios y resolución
declarativa, eventualmente con las condiciones de una
indemnización sustitutoria si no hay posibilidad razonable de
corregir el ruido existente y previsible.
Distritos, competentes en ruido
El Defensor del Pueblo estima que la carga asignada a la
administración local para la puesta en práctica de la
legislación sobre el ruido «parece excesiva» y recomienda que
los ayuntamientos apoderen a los distritos «dentro de lo
factible y jurídicamente admisible» para «alcanzar una
subordenación acústica zonal».
El Defensor del Pueblo ha recibido múltiples quejas sobre
ruido en las que se manifiesta «auténtica preocupación» y «son
frecuentes las que ilustran el caso con enfermedades que han
tenido ya que ser tratadas facultativamente», como por
ejemplo, ansiedad, desencanto o desazón. Las quejas también se
refieren al derecho a disfrutar de un ambiente adecuado,
frecuentemente al adecuado a una vivienda digna.
La Institución «considera que habrán de transcurrir aún
algunos años hasta que la mejora de las condiciones del
ambiente acústico en España se generalice en varios grados
desde las condiciones actuales».
El informe recuerda que la administración de la Defensa
Nacional «ha de actuar no sólo ocasional, sino
sistemáticamente, de oficio o por denuncia, cuando tenga o
consiga conocimiento de construcciones que pueden infringir la
normativa vigente, y en su caso ha de ordenar la demolición de
la construcción u otras medidas de restitución de la legalidad
apropiadas». Además, no puede dar como excusa que se
construyen viviendas cercanas a la base aérea sin su
consentimiento.
