sevilla /
madrid. El exceso de ruido en la calle es
una de las principales preocupaciones de los
españoles, ya que uno de cada tres hogares (un
30,48 por ciento) sufre problemas por ese motivo,
según el último Censo de Población y Viviendas,
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
en 2001. Según esos datos, la Comunidad
Valenciana, con un porcentaje del 37,16 por
ciento, se sitúa como la región con más hogares
con problemas de ruidos externos, seguida de
Madrid, con el 36,17 por ciento, y Cataluña (un
34,28 por ciento), además de Ceuta y Melilla, con
porcentajes del 45,28 y el 47,60, respectivamente.
El porcentaje de viviendas con contaminación
acústica en Andalucía se sitúa en el 32, 68 por
ciento.
Por provincias, la primera es Valencia, con el
41,43 por ciento, más de diez puntos por encima de
la media nacional, que se sitúa en el 30 por
ciento. Respecto a la comunidad andaluza, el 37,5
por ciento de los hogares malagueños tiene
problemas de exceso de ruido en la calle; le sigue
Sevilla, con el 35,83 por ciento; Cádiz es la
tercera provincia más ruidosa de la comunidad, con
el 35,81 por ciento; a continuación se encuentran
Córdoba (30,24 por ciento); Granada (29,39 por
ciento); Almería (26,04 por ciento); Huelva y Jaén
(ambas con el 22,24 por ciento).
El abogado Andrés Morey, que defiende a la
mujer a quien el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha reconocido el derecho a indemnización
por el daño moral sufrido a consecuencia del ruido
de los bares en un barrio de Valencia, aseguró
ayer que la sentencia "sentará jurisprudencia" y
"será fundamento para muchas reclamaciones en
marcha". Los jueces de la Corte de Estrasburgo
decidieron el martes dar la razón por unanimidad a
la demandante, Pilar Moreno, ante la "invasión
sonora" que sufre por los numerosos locales
nocturnos abiertos desde 1974 en el barrio en el
que vive, y ordenó a España el pago de una
indemnización por la "pasividad" de la
Administración valenciana. A juicio de Morey, el
fallo "tendrá mucha trascendencia" porque añade un
aspecto nuevo a la normativa, "el de la
concentración excesiva de locales de ocio
autorizados por un Ayuntamiento", lo que "entra en
oposición con lo que dijo en 2001 el Tribunal
Constitucional", que no encontró pruebas para
admitir este causa. Es la primera vez, aseguró,
que se dicta una sentencia de estas
características en Europa y que contempla el ruido
producido por la acumulación de locales, los
cuales fueron autorizados por un Ayuntamiento "sin
demasiado control".
Las denuncias por ruido han llegado al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, donde se registran
dos sentencias anteriores. En la primera de ellas,
dictada en 1994, el Tribunal Europeo falló a favor
de Gregoria López Ostra, vecina de Lorca (Murcia),
en virtud de la cual condenaba al Estado español a
indemnizar a la demandante con 24.000 euros por
los daños derivados en la salud a causa de una
planta de tratamiento de residuos construida con
subvención pública. La segunda sentencia, dictada
en septiembre de 2001, se refiere a una demanda de
ciudadanos británicos contra el Reino Unido por
los problemas de salud originados por el tráfico
aéreo nocturno en el aeropuerto de Heathrow. El
Tribunal de Estrasburgo condenó al Gobierno
británico a pagar 4.000 libras esterlinas (5.714,
28 euros) a cada uno de los afectados en concepto
de daño moral.
En España se contabilizan otras 90 sentencias.
El Tribunal Constitucional ha fallado desde 1984
cuatro veces –en una de ellas desestimó la demanda
de Pilar Moreno por falta de pruebas–; en el
Supremo se contabilizan 15 sentencias desde 1991.
Los tribunales superiores de Justicia de las
comunidades han dictado 26 resoluciones, cinco de
ellas ratificadas por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía. En 18 ocasiones se han
pronunciado las audiencias provinciales en materia
de ruido; en 13 ocasiones, los juzgados de Primera
Instancia de lo Penal y de lo Social, mientras que
los juzgados de lo Contencioso se han pronunciado
14 veces.última
sentencia. La demandante, Pilar Moreno
Gómez –en la imagen– asegura que la decisión del
Tribunal Europeo "crea un precedente" en todo el
territorio nacional.