El alcalde de Almàssera, Enrique Ramón, acudió ayer a declarar ante el juzgado número tres de Moncada por la denuncia presentada por la Plataforma Ciudadana donde se le acusa de una presunta prevariación administrativa por omisión en favor de la factoría Dacsa.

Miguel Ángel Ferrís, responsable de la Plataforma Ciudadana explicó ayer que el alcalde comparece como imputado en esta denuncia junto a un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento por no aplicar las ordenazas municipales sobre ruidos.

Tanto el alcalde de Almàssera como el técnico de urbanismo declinaron ante el juez cualquier tipo de responsabilidad en la no aplicación de las ordenanzas municipales sobre ruidos y la autorización sobre las instalaciones causantes de los perjuicios a los vecinos.

Al mismo tiempo, según el comunicado de la plataforma Ciudadana Mediambiental de Almàssera, “responsabilizaron asimismo al arquitecto del consistorio de la no intervención para atajar las actuaciones ilegales”.

Este mismo comunicado señala que el alcalde reconoció en su comparecencia ante el juez “la superación con creces de las mediciones de la Policía Local respecto a los límites de decibelios permitidos en las propias ordenazas locales, pero alegó los datos contradictorios de las mediciones encargadas a una empresa auditora por parte de la empresa Dacsa para justificar su no actuación en este caso”.

La Plataforma asegura en su nota de prensa que en la actualidad “la factoría continúa incumpliendo los límites legales de contaminación acústica (61 decibelios a las 12 de la noche en la última denuncia), a pesar de las supuestas inversiones de un millón de euros anunciadas por el alcalde a los vecinos y de que la planta de cogeneración continúa apagada desde hace dos mese a raíz de una explosión que provocó el temor de los habitantes colindantes y la parte del alcalde del permiso definitivo de funcionamiento de dicha panta incineradora, la cual ha estado en marcha durante casi dos años sin el preceptivo permiso ni sanción alguna por parte del Ayuntamiento.