La Delegación de Urbanismo, a través de un comunicado de prensa, asegura que ha abierto expediente al organizador de la concentración, el secretario provincial de la FSP–UGT, José Porras Naranjo, y "a las personas que manipularon una bombona de oxígeno para hacer sonar una bocina que causó un estrepitoso ruido, provocando molestias a funcionarios, transeúntes, comerciantes, etcétera".

El equipo de gobierno asegura que los manifestantes, "algunos de ellos no pertenecientes a la Policía de Chiclana", provocaron durante dos horas unos ruidos ensordecedores, "que incluso comportaron durante algunos minutos el cierre de algunas depedencias municipales, al ser imposible atender a los ciudadanos".

La incoación del expediente sancionador se llevará a cabo conforme a la Ley del Ruido y el reglamento que la desarrolla, después de que, a instancias de técnicos municipales, personal externo del Ayuntamiento, con un equipo homologado, "realizó una medición que superó con mucho los decibelios permitidos".

El expediente no sólo se abrirá por la protesta del miércoles, sino que incluirá otra concentración con idénticos métodos desarrollada a finales de abril.

El equipo de gobierno explica que, según la normativa, el comportamiento de los manifestantes podría constituir una infracción grave de la ley del ruido, lo que supondría una sanción de entre 601 y 12.000 euros. El expediente, al que se podrán presentar alegaciones, tiene un plazo de diez meses para ser resuelto.

El gobierno local deja claro que reconoce el derecho a la protesta, previa autorización de la autoridad competente, pero cree "totalmente injustificado que se utilicen medios que vulneran la normativa, causando perjuicios al resto de ciudadanos". "Se dan –añade– dos agravantes: Que no es la primera ocasión en la que se producen los hechos y que quienes lo protagonizan saben de la vulneración de la ley, ya que son quienes deben velar por su cumplimiento".