Timbrazos a deshora, subidas y bajadas de numerosos hombres y mujeres desconocidos, anuncios de relax y un repentino aumento de los ruidos pusieron en alerta hace unos meses a una comunidad de vecinos de la calle Florida.

Los residentes, convencidos de que en uno de los pisos del edificio se ejercía la prostitución, pidieron amparo al Defensor del Vecino, Javier Otaola, con la esperanza de encontrar el modo de hacer cesar esa actividad, permitida por la ley. La presión vecinal y las pesquisas del Síndico han hecho que los propietarios de la casa de citas hayan decidido trasladar su negocio a otro sitio, explicaron ayer el Síndico y portavoces municipales.

Sin licencia de actividad

Otaola inició una investigación después de escuchar a los vecinos, con la ayuda a la Policía Municipal. «Nos aseguramos de que no se daban casos de prostitución de menores o de extorsión de inmigrantes», relató el Síndico. No hallaron indicios de ningún delito. Sin embargo, la presencia de Otaola, de los agentes y la decisión de los vecinos de denunciar ante los tribunales a este negocio por carecer de licencia de actividad han acabado por persuadir a sus responsables, que abandonan el lugar.

El Defensor del Vecino ya ha atendido otras tres peticiones similares en los casi tres años que lleva al frente de su oficina. En unos de los casos, el propietario del inmueble, que desconocía a qué se dedicaban sus inquilinos fue el que logró que cesara este tipo de actividad. En otra ocasión, las trabajadoras del sexo continuaron con su labor, pero sin causar molestias al vecindario.