Un juez admite la denuncia de un matrimonio de Enguera por los ruidos de una cámara frigorífica


Afirman que llevan 4 años sin poder dormir porque las máquinas están debajo del dormitorio

Ricard Gallego, Enguera

Cuatro años lleva un matrimonio de Enguera sin poder dormir en su dormitorio. El ruido que producen las cámaras frigoríficas de un supermercado de alimentación se ha convertido en un calvario para esta familia. Las máquinas se encuentran justo debajo de la habitación principal, lo que ha obligado a sus moradores a buscar refugio en distintas partes de la casa. Así y todo, el zumbido continuo de los potentes aparatos eléctricos es «insoportable», según confiesa Juan Daniel Simón, quien añade que su mujer es quien peor soporta esta situación: «La depresión no se la quita de encima, ha perdido quilos y padece insomnio», ha relatado el marido.

El caso se encuentra ahora en manos del juzgado número 3 de Xàtiva. La juez titular ha acordado admitir a trámite una denuncia por vía penal contra el propietario del establecimiento. El matrimonio ha adelantado que su intención no es obtener beneficio económico alguno: «Sólo queremos que acabe todo esto y que podamos vivir tranquilos en nuestra casa», ha explicado.

La vía judicial ha sido «el último recurso» al que quería acudir este matrimonio: «pero el ayuntamiento no nos ha dejado otra salida», han protestado. La primera denuncia contra el supermercado data del 19 de julio de 2000. Pronto hará cuatro años. La medición efectuada por la policía local en la vivienda confirmó que los niveles eran superiores a lo permitido. El establecimiento carecía entonces de licencia de apertura y su actividad llegó a ser calificada en un informe municipal de «clandestina». Los distintos plazos concedidos por el ayuntamiento para subsanar las deficiencias se cumplieron sin que los vecinos notaran ninguna mejoría: «Hicieron algunas reformas, como aislar el calor o la turbina de extracción, pero el ruido ha continuado igual desde entonces», ha comentado el afectado.

El periplo administrativo siguió su curso sin que la actividad del establecimiento se detuviera. El 19 de noviembre de 2001 le anuncia al propietario el día y la hora en que la policía local procederá a precintar las puertas de entrada del local. «Todo se quedó en nada. Y lo que más nos sorprendió fue que el mes de agosto siguiente, el alcalde decidiera conceder la licencia de actividad», relata Juan Daniel Simón.

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