La industria del ocio es una actividad económica eminentemente productora de ruido, decir lo contrario sería mentir, aunque no quiere decir que la contaminación acústica vaya asociada a este tipo de actividad, pero no son pocas las ocasiones en el que el producto ofrecido por los locales especializados es, precisamente, el propio ruido (música, karaoke, partidos de fútbol, fiestas, torneos de juegos de mesas, etc.…), si a este hecho unimos las horas que tienen lugar estas actividades, horas a la que la mayor parte de los ciudadanos la dedican al descanso, es sencillo entender los enfrentamientos entre los empresarios y propietarios de locales de ocio y quienes apelan a su “derecho al descanso” que entienden que no deben ser ellos quienes soporten las cargas del ocio y negocio ajeno. Cargas que a partir de un cierto grado producen incomodidades o pérdidas económicas (por la posible depreciación de los inmuebles de los que son propietarios), sino que afectan directamente a la salud de quienes han de seguir soportando de forma continuada unas tasas de contaminación acústica ciertamente excesivas.

Los estudios cifran en torno a un 5 % el porcentaje de contaminación acústica achacable a la realización de actividades lúdicas y recreativas. No es como puede comprobarse, un porcentaje especialmente alto, pero la gravedad no se encuentra en la cantidad de emisiones de ruido de este origen, sino en algunas de las cualidades de las mismas, que convierten a este ruido en especialmente en inadmisible y que no pueden perderse de vista a la hora de valorarla en Derecho:
En primer lugar el carácter gratuito de la contaminación acústica asociada a las actividades del ocio, porque a diferencia que ocurre con otras emisiones de ruidos, la marcha nocturna es evitable sin menoscabar la actividad empresarial o el derecho de los ciudadanos a la diversión nocturna. Se trataría de obligar por parte de las Administración del uso de medidas técnicas adecuadas para conciliar su actividad con el descanso de los vecinos y solo requiere de la suficiente inversión económica y del civismo de los ciudadanos que acuden a los locales de ocio. Ambas conductas deberían ser exigidas por los poderes públicos y sancionadas.

En segundo lugar, el horario en el que se produce la contaminación acústica producida por la actividad de la industria del ocio es particularmente conflictivo (sobretodo el periodo nocturno). Aunque estemos hablando de un porcentaje menor comparado con otras fuentes contaminantes (medios de transportes, industriales) sus efectos sobre la salud de las personas y su capacidad lesiva se multiplican, tienendo base científica, ha de tenerse en cuenta los estudios de la Organización Mundial de la Salud, estudios reconocidos internacionalmente y fuera de todo genero de dudas, reconocidos por el Poder Judicial de nuestro país.

En tercer lugar, de corte más sociológico pero indudablemente importante, la tendencia a la concentración de locales y zonas de ocio, elemento que multiplica los problemas derivados de los primeros, por eso sería adecuado una buena planificación urbanística de la ciudad, ubicando industrias del ocio en zonas distintas y separadas de las residenciales, mediante la declaración zonas de ZEPA (Zona de Especial Protección Acústica) y de zonas ZAS (Zona Acústicamente Saturadas).

Por todos estos factores expuestos, permiten afirmar sin lugar a dudas que en la actuación de la Administración para velar por los derechos de los ciudadanos a disponer de un medio ambiente adecuado, debe, sin duda, encaminarse a proteger los intereses de quienes desean que sean limitadas las emisiones acústicas asociadas al ocio, por dos motivos:
Por motivos de salud, ya que este tipo de actividad en horario nocturno es especialmente lesiva, que tiene más que justificado la intervención limitadora, reguladora.

En segundo lugar, porque la Administración cuenta con bastantes medidas que en caso de hacer uso de ellas, podrían a reducir de forma notable esas de emisiones del ruido.