Los expertos vaticinan que la falta de decisión de los
ayuntamientos a la hora de afrontar un problema que afecta a millones de
personas en España va a provocar una "cascada de sentencias". Los casos de
Zaragoza o Vila-real son sólo ejemplos
Salvador
Enguix | Recientes sentencias contra el ruido, como las
dictadas en Zaragoza y Vilareal, así como la polémica suspensión cautelar del
carnaval de Tenerife, confirman que los ciudadanos han decidido plantar cara a
un problema que afecta al 30% de las viviendas en España - más del 40% en
ciudades como Barcelona o Valencia-, según datos del INE. Un problema que puede
causar graves patologías a quien lo sufre, especialmente en los ancianos y
niños. Ante la incapacidad de los ayuntamientos para facilitar la convivencia
entre los que quieren disfrutar su tiempo de ocio y los que desean ejercer su
derecho de descanso dentro de su vivienda, los tribunales se han erigido en la
solución, a la espera de que la clase política aborde con valentía este
problema. No obstante, los expertos consultados reconocen que el ruido provocado
por el ocio es, de todos, el que cuantitativamente menos afecta a la ciudadanía.
El problema más generalizado es la circulación de vehículos en las vías urbanas
o el ruido de las obras, según un estudio realizado en la Comunidad de Madrid. Y
todos anuncian que en los próximos meses habrá una "cascada de sentencias" por
esta causa.
La fecha de referencia para entender este cambio de actitud de sociedad
y jueces se sitúa en noviembre del 2004. Con anterioridad, como señala
el letrado barcelonés
Lluís Gallardo,
de
Advocats Especialistes en
Contaminació Acústica (AECA), "ya se habían dado muestras de cierta
sensibilidad en algunos tribunales". Pero es en esa fecha, añade,
cuando se divulga la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
que dio la razón a la valenciana Pilar Moreno Gómez y condenó al Estado
a indemnizarla. Esta mujer pleiteó más de una década para denunciar
que durante años había sido imposible dormir en su vivienda por la
apertura de decenas de bares en la plaza Xúquer de Valencia. El Ayuntamiento
la ignoró; y ni el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ni el
Tribunal Constitucional admitieron a trámite sus denuncias. Pero el
Tribunal Europeo consideró que, con su sufrimiento, se había violado
el artículo 8 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos que hace
referencia al derecho al respeto del domicilio y la vida privada.
El letrado que llevó el caso,
Andrés
Morey, reconoce que, "con anterioridad a esa sentencia, los juzgados
solían elevar las denuncias, o sea, quitárselas de encima; pero ahora
parece ser que hay más valentía para afrontar un problema que produce
graves patologías".
A los conflictos clásicos
con bares, pubs y discotecas, se suman otros como el de Villarreal, con un
alcalde obligado a abandonar su puesto por prevaricador, según sentencia del
Supremo, al permitir la emisión de ruido de una empresa que amargó la vida a
centenares de vecinos. Oel de una finca del barrio de Patraix de Valencia, que
ha ganado un pleito a la constructora, Urbanas Patraix, por mala insonorización
de las paredes. La sentencia de la Audiencia de Valencia recuerda que "la
ausencia de aislamiento acústico de una vivienda ya no es una mera cuestión
circunscrita al ámbito de los vicios o defectos de construcción, sino que debe
enlazarse con la protección al derecho a la intimidad personal y familiar en su
ámbito domiciliario".
Lluís Gallardo y Andrés Morey coinciden en señalar
que en estos momentos hay suficiente jurisprudencia "para actuar con
contundencia frente a los abusos y en defensa de los ciudadanos que sufren de
manera violenta la contaminación acústica". "Con algunas excepciones, como
Barcelona, en general las ciudades no se esfuerzan en compatibilizar ocio y
descanso". Pero Vicente Pizcuela, creador de la ONG Controla Club - con
presencia en toda España- y asesor para temas de civismo de numerosas
organizaciones, señala que "el ocio no es el mayor problema; es aún peor el tema
de los coches o el ruido de las obras". Un reciente estudio realizado por la
Comunidad de Madrid lo confirma: en una macroencuesta, la mayoría de los
madrileños ubicaban la molestia provocada por el ocio - botellón, pubs,
discotecas- en noveno lugar; y eran, con este orden, las motos, los coches, las
sirenas, los servicios generales, los vehículos de reparto, las obras, los
vecinos del barrio y los animales domésticos - con especial mención a los
perros- los focos más molestos de emisión de ruido. "Si los ayuntamientos se
preocuparan de una buena planificación urbanística, el tema del ocio, que es un
potente motor de creación de negocio y riqueza, no sería un problema", apunta
Pizcueta.
Añade que "muchas veces son los propios hosteleros los que
denuncian a esos otros propietarios de pubs o discotecas que incumplen las
normas y perjudican a todos". Y apunta que no entiende cómo los ayuntamientos
dan licencias para abrir cierto tipo de locales en fincas residenciales que no
están adecuadamente insonorizadas.
Un estudio de la Fundació La Caixa
titulado
La contaminación acústica en nuestras ciudades confirma que los
vehículos de motor causan el 80% de la contaminación acústica de las ciudades.
La actividad industrial representa un 10%, el tráfico del ferrocarril un 6% y el
ocio "puede significar un 4%". Lo que ocurre, señala el estudio, es que
socialmente se considera que el ruido producido por los motores forma parte del
proceso de industrialización y se tolera mucho más que el de bares o discotecas.
Loli Alcaraz, miembro de una asociación de vecinos de Valencia que ha
luchado con fuerza para que se declare zona acústicamente saturada (ZAS) su
barrio, señala que "si el Ayuntamiento cumpliera la ley, si se multara a quienes
consumen alcohol en la calle, que está prohibido, y si se actuara contra esos
coches que llevan la música a toda caña, seguramente sería posible la
convivencia entre el ocio y los que queremos vivir tranquilamente". Pero añade
que "hay mucha cobardía entre los políticos, que sólo actúan a golpe de efecto y
sin ninguna planificación". "La clase política deberá tomarse muy en serio el
ruido y planificar para que ni el ocio, que en España supone el 10% del PIB, ni
los ciudadanos salgan perjudicados por el conflicto de derechos que se produce
entre los que quieren dormir y los que disfrutan de la noche", concluye
Pizcueta.