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LUNES, 01 DE NOVIEMBRE DE 2004 Edición digital n. 2464
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Los jueces ya condenan la «pasividad» de los ayuntamientos
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S. G., Valencia
El informe especial del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana sobre la contaminación acústica relacionada con las zonas de ocio y con el fenómeno del «botellón» lamenta que las administraciones no valoren la gravedad del problema y actúen con pasividad, tolerancia e incluso dejación de funciones. Bernardo del Rosal insta a los municipios a que «extremen el celo» en el cumplimiento de las medidas.
Ya el Defensor del Pueblo había elaborado un informe similar en 1999, hace cinco años, alarmado ante el elevado volumen de quejas al respecto, en el que también recordaba que la obligación de hacer cumplir la norma y garantizar el descanso a los vecinos recae en los ayuntamientos. Por eso, los vecinos federados estudian denunciar al de Valencia por cada local que no cumpla.
Existe jurisprudencia que les anima. En 1998 llegó por primera vez al Tribunal Constitucional el recurso de una vecina de la zona ZAS de Valencia -aseguraba que no se cumplían las medidas- por vulneración de derechos. El amparo fue rechazado por falta de pruebas, pero la sentencia admitía los perjuicios que el ruido puede causar a la salud y las responsabilidades que se derivan de ello para la administración. El Tribunal Supremo ha dictado condenas contra los ayuntamientos de Sevilla, de Murcia, Talavera de la Reina o de Boiro por pasividad e inclusó revocó un fallo del TSJ de Valencia ordenando el cierre de un taller de cerrajería.
Otros tribunales han condenado a la administración por responsabilidad patrimonial, lo que supone pago de indemnizaciones, en Vélez Málaga, Granada, Cartagena o Sevilla por «botellón».
En Valencia marcó un hito la sentencia que dio la razón al abogado Andrés Morey -hoy especializado en recursos de contaminación acústica- que fue indemnizado por tener que instalar dobles cristales en su casa y por perjuicios morales. Poco después se declaraba ZAS su barrio, San José. Cada vez son más los afectados que optan por la vía penal (delito medio ambiental).
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